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Los administradores de fincas detectan un aumento de los propietarios que tienen problemas para afrontar los pagos mensuales.

Sin que haga falta acudir a los ejemplos televisivos, casi cualquier propietario de una vivienda puede imaginarse, o ha vivido, problemas con la comunidad de vecinos. El de los impagos suele ser el más habitual, pero en los últimos años los casos se han multiplicado, y no significa que haya aumentado el número de insolidarios con sus convecinos, sino que los propietarios que antes podían afrontar las tasas mensuales y las derramas colectivas tienen ahora problemas para pagar. Los administradores de fincas avilesinos consultados por LA VOZ advierten que estos problemas han empezado a ser ya habituales en otras ciudades, y que comienzan ahora a ser la tónica en la comarca.

«Hay casos de impagos de propietarios, que pueden haber dejado de pagar antes o que no pueden afrontar el gasto ahora, y además, a esos se suman los impagos de los pisos propiedad de los bancos y las constructoras», comenta Ángel Fernández, de la Agencia Inmobiliaria Maspalomas.

Si una constructora «está en suspensión de pagos, no va a afrontar las cuotas de comunidad de los pisos que tenga», indica Fernández. Ni tampoco los bancos, que en los últimos meses «han optado por dar la orden de que no se les pase ningún recibo de comunidad que se adeude», según su experiencia. Otros administradores comentan que los bancos siguen pagando, pero no todas las cuotas adeudadas. «Los vecinos pueden ir pagando, poco a poco, y también está la vía judicial, pero ese dinero que tiene que pagar el banco, ¿quién se lo reclama?», sostiene.

Los administradores consultados creen que los problemas de pagos empiezan a ser claros desde este año. «En el caso de los bancos, el tiempo corre a su favor si se opta por la denuncia, por la demora del proceso; pero lo único que le queda a la comunidad es denunciar estos casos», a pesar de lo que se tarde en resolver la situación. Si muchos vecinos no lo hacen es porque desconocen el procedimiento y creen que por la modificación de la ley les saldrá más caro que cualquier dinero adeudado. No siempre es así, porque estos procesos están exentos de tasas judiciales hasta los 2.000 euros. Aunque siempre es la comunidad la que tiene que afrontar cualquier tipo de gasto, en caso de que se decida la vía judicial como última opción. En Maspalomas la recomiendan, «porque no queda otro remedio». En el caso de que se gane la reclamación, también puede perderse dinero, porque actualmente sólo se reconoce como deuda la cantidad del año en curso y el anterior, como mucho...

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