La ‘lista Montoro’: más de 1,7 millones de morosos deben 8.348 millones a Hacienda
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No es la ‘lista Lagarde’, pero se le parece mucho. Aunque en el caso español habría que llamarla ‘lista Montoro’.
Esto es, qué tipo de activos entran en la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) y cuáles no, así como las quitas que se aplican al valor de los mismos.
El ministro de Hacienda anunció ayer que el Gobierno estudia publicar la identidad de los mayores defraudadores y morosos del país con la Hacienda Pública. Algo parecido a la lista que filtró en su día al Gobierno griego la exministra francesa de Economía, Christine Lagarde, pero a lo grande. Lagarde puso en manos de las autoridades helenas un listado procedente del banco HSBC con el nombre unos 2.000 presuntos defraudadores.
¿Y cuántos morosos y defraudadores hay en España? Lógicamente, nadie lo sabe con exactitud. Aunque la cifra más aproximada es la que ofrece la Cuenta General del Estado que acaba de remitir el Tribunal de Cuentas al Congreso de los Diputados. Y esta ofrece un dato espectacular. A 31 de diciembre de 2010, Hacienda tenía pendiente de recaudar 1.703.295 deudas que llevan más de un año en fase de cobro en vía ejecutiva.
¿A cuánto asciende esa deuda? Pues una vez minorada dicha cuantía por los créditos que se encontraban en situación de aplazamiento o fraccionamiento, el resultado es que Hacienda sigue cobrar -pese a haber pasado más de un año en vía ejecutiva- nada menos que 8.349 millones de euros. O lo que es lo mismo, el presupuesto de los Ministerios de Defensa e Industria juntos.
No todo ese dinero ha sido reclamado judicialmente o está inmerso en un litigio. Según los datos de la Agencia Tributaria, al cierre del ejercicio 2010 había un total de 13.886 deudas que estaban recurridas en vía contencioso-administrativa, por un importe pendiente de cobro de 6.167 millones.
Montoro no dio detalles en el Senado, pero ayer expertos fiscalistas pusieron en duda la legalidad de la medida en caso de salir adelante. Tanto porque choca directamente contra la Ley General Tributaria como porque va contra la propia Constitución. Se da otro argumento: todas las sentencias judiciales son públicas y, por lo tanto, el poder ejecutivo no tiene potestad sobre ellas. De hecho, aunque se agote la vía administrativa en los procedimientos tributarios, siempre queda abierta la vía judicial...
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