Los morosos `trabajan´ para aplazar sus deudas al Fisco en busca de la prescripción
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La fase de cobro se prolongan, las empresas se liquidan y desaparecen, todo es cuestión de tiempo, de que pase, para no pagar, son estrategias legales.
A la espera de alguna explicación razonada de por qué España sigue al frente de los países de Europa con mayor deuda tributaria impagada, así como de la justificación para que esa morosidad haya entrado en una fase endémica, recurrente e invariable, cuando el objetivo del Fisco no podría ser otro más que lograr que tienda a cero, Hacienda, la Agencia Tributaria, ya saben que de esos 15.400 millones de euros de deuda, la mitad son de dudosa recuperación mientras que la otra media es de imposible cobro. La publicación de la lista de morosos, un años más, es un ejercicio de falsa transparencia del Ejecutivo, que ya no tiene ni morbo, de escaso valor político, sin valor para que la ciudadanía tome conciencia del trabajo desarrollado por el Fisco y el éxito en la persecución y reducción del dinero negro y del fraude. Asegura un experto mercantilista que el Fisco llegó a considerar la idea de aplicar a la morosidad algunas técnicas de la lucha contra el fraude, léase una amnistía, para, al menos, recuperar una parte de los 15.400 millones de euros que deben los morosos.
Hacienda ha presentado una vez más la lista de morosos, de sociedades y personas físicas que mantienen deudas con el Fisco. A fuerza de reiterar el conocimiento público de la relación de no pagadores y deudores, el ejercicio, pretendidamente como una práctica de transparencia informativa, se ha convertido en un clásico de la hacienda pública española. Es, por otro lado, el rendimiento de cuentas anuales del departamento público en versión muy abreviada, pues al final, además de la relación ordenada de mayor deudor a menor deudor, los datos interesantes se reducen a que el 43% de la deuda, 6.600 millones de euros, corresponda a 1.700 empresas que se encuentran en situación de proceso concursal, advierte de la extrema dificultad, por no decir, de la imposibilidad, de llegar a hacer efectivo el cobro de la deuda. De ahí que una primera reflexión sería el reconocimiento público del Fisco respecto a recuperar la cantidad adeudada. Esto obligaría al departamento a pensar y aplicar alguna solución al respecto, aunque al final, la recuperación de la deuda fuera mínima: descartar la posibilidad de que alguien, persona física o jurídica, se `vaya de rositas´ debería ser un objetivo en sí mismo.
Por otro lado, que la lista de morosos muestre, una vez más, que son las inmobiliarias las que copan los primeros lugares, debería haber provocado en los gestores de la cosa pública alguna reflexión sobre la conveniencia de hacer mayor hincapié en la prevención de la morosidad que no en la ejecución final del moroso. De esta forma, al igual que las entidades financieras, las inmobiliarias o compañías de este sector tan problemático incrementaran dotaciones y provisiones para casos de insolvencia, en este caso para evitar el impago de las obligaciones fiscales.
En el caso concreto de las sociedades inmobiliarias morosas llama la atención la extrema sencillez con la que presentan un escenario primero negativo, después problemático para pasar, a continuación, a los ajustes, al ERE y, finalmente, al impago a proveedores y al Fisco. Quizá la misma simplicidad que muestra la normativa en el funcionamiento de esa vía debería ser motivo de reordenación y racionalización por parte del legislador para evitar que el camino de acceso al impago y a la morosidad fiscal sea tan fluido y sencillo.
Lo cierto es que, aunque se desconoce el sentido real y auténtico -el leit motiv de las autoridades, que en este caso habita en modo enigmático en el cerebro del ministro de Hacienda- de la publicación de la lista de morosos, Hacienda deja a la libre interpretación del público los motivos y el alcance de la misma. Y así, podría ser que respondiera a la intención oficial de hacer útil la relación de morosos para presumir y exhibir los esfuerzos que realiza el aparato fiscal para reducir el fraude, terminar con el dinero negro y otras irregularidades.
La utilidad de la publicidad de los morosos -sociedades, personas y volumen de sus deudas- queda en entredicho ante la evidencia de que, ni el dinero negro cambia de color ni el fraude remite y las deudas apenas se reducen en 200 millones de un año para otro. Se diría más bien que al contrario, se multiplican quiebras y trámites judiciales, coartadas y razones para no pagar -para no poder pagar- para evitar el pago de impuestos. En este tortuoso camino, donde se dan cita profesionales de prestigiosos despachos mercantiles y laborales, se trabajan en serio demoras, solicitudes de aplazamientos y una amplia relación de motivos singulares, orientados en su mayoría a ganar tiempo, camino de la prescripción, de la anulación y extinción de las deudas. Y parece que los resultados son asombrosos.
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