Recargo contra morosos

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El Gobierno lleva un año intentando combatir la morosidad de las Administraciones Públicas con un éxito relativo, a través del Plan de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Las malas prácticas no se acaban de erradicar y, pese a que Hacienda se resiste a admitirlo, varias autonomías han vuelto a diferir facturas para el año próximo.

El pasado lunes, Cristóbal Montoro aseguraba que en unos meses la situación se arreglará. Concretamente a partir del 16 de marzo, Hacienda traspondrá una directiva antimorosidad de la UE que obliga a pagar a los proveedores en un plazo de 30 días, con la imposición de unos intereses de demora 8 puntos por encima del tipo medio de interés que fija el BCE.

Si se aplicara en el momento actual, el recargo ascendería a un 8,75 por ciento, más el importe de la factura. Como la directiva es de obligado cumplimiento en todos los países de la UE, no será necesario modificar la Ley de Morosidad española para aplicarla. Las asociaciones de profesionales y autónomos -el segmento más desprotegido ante la morosidad- han anunciado su disposición a recurrir a Bruselas si no se empieza a pagar puntualmente y se aplican los recargos a quienes incumplan. El fisco parece realmente dispuesto a ponérselo difícil a los morosos y, además de la directiva, condicionará la concesión del FLA al cumplimiento estricto de los plazos de pago...

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